“Hay que luchar desde las bases, por más democracia”

Pasó por la Docta el que quizás sea el intelectual de mayor fuste que tiene nuestro país. Dio charlas sobre el exilio, presentó una obra teatral y fue distinguido por HIJOS. Por Emiliano Peña Chiappero y Adrian Camerano Osvaldo, presenta en Córdoba a una charla y una obra teatral sobre el exilio. Cuéntenos de qué se trata, y qué reflexión le merecen los exilios post dictadura, por razones económicas por ejemplo. La charla versa sobre datos, hechos reales sobre el exilio, los ocho años de exilio que sufrí primero por las tres A y luego por la dictadura militar. Y lo otro es más artístico, con otros sentimientos vividos en esos ocho años. En cuanto a los exilios por ejemplo del 2001, eso es la violencia de las sociedades actuales y la comprobación de que el capitalismo no resuelve ningún problema, ya que cada 20 años se vive una crisis. Es paradójico que ahora sean los europeos los que tengan que salir de su continente… Lo de Europa no tiene explicación, con Grecia por el suelo, Italia o España con una enorme desocupación, donde el 50 % de la población joven no tiene trabajo. El único país que sale adelante más o menos es Alemania, pero hace algunos años que tiene 3 millones de desocupados. Uno se pregunta cómo la Humanidad no aprende de una buena vez. Digo, ¿por qué Naciones Unidas no llama a un congreso de economistas que se preocupen por hallar un sistema económico que pueda vencer todas estas crisis, que pueda terminar con la desocupación? Que pueda comprometer a las sociedades a tener un sistema económico humanista. Pero se sigue aplicando el mismo sistema con enormes injusticias. Por ejemplo en Alemania los gerentes de los bancos –y las revistas especializadas lo publican con orgullo – cobran 1 millón de euros por mes, y me pregunto: ¿qué hacen con esa cantidad de dinero por mes? Eso no es democracia. Yo sostengo como leitmotiv que mientras haya villas miserias, no hay democracia. Por lo menos que cada familia con hijos pueda tener una casa. Con esa frase sobre las villas miserias usted viene cerrando sus charlas. ¿Cree que esta que vivimos es una buena época para los planteos de fondo que usted hace? ¿Se siente acompañado en ello? Sí, me maravilla la época que vivimos. Después de ocho años de exilio perseguido por mis libros, me invitan de todos lados y he tenido grandes satisfacciones. En Esquel por ejemplo, donde en 1959 fui expulsado por Gendarmería a raíz de la fundación del diario La Chispa acusado de traer inquietud a la zona fronteriza. Y nada de eso era cierto, sólo que yo defendía los derechos de los Pueblos Originarios que eran allí muy explotados, igual que los trabajadores de la tierra. Y 55 años después me invitaron y la Municipalidad de Esquel, con el voto de todos los partidos políticos, me nombró ciudadano ilustre. Es como para no creerlo. La época ha cambiado y me da esperanza. Parece que vamos aprendiendo los argentinos. Como defensor de los pueblos originarios, ¿cómo analiza su situación actual? Por ejemplo lo que sucede con los Qom, en Formosa. Lo que sucede allí es una vergüenza. No sé cómo no se interviene la provincia. Porque la forma en cómo se los castiga, cómo se les roba la tierra. Y esos pueblos son muy trabajadores y no tienen sentido de la propiedad, todo es colectivo. Y además lo más hermoso que tienen es el respeto de la naturaleza, con un sentido de la ecología impresionante que no lo tenemos nosotros. Que en pleno siglo XXI sucedan estas cosas se explica por la avidez de los grandes terratenientes que quieren cada vez más y más. He exigido en varias notas que se intervenga esa provincia, luego de la huelga de hambre que hicieron los Qom en plena 9 de julio de la Capital Federal y no fueron recibidos por nadie. No les están dando los derechos que les corresponde. ¿Cuál es su caracterización del gobierno nacional? Trato de considerar las cosas buenas que ha hecho. Tengo 86 años y he vivido trece dictadores militares; todos murieron en las camas de sus residencias cobrando sueldos de generales y no les pasó absolutamente nada. Es más, por ejemplo Uriburu, que fue un fusilador de obreros, tiene un monumento a la entrada de la ciudad de Balcarce y nadie lo ha tocado. Y con este gobierno es la primera vez que veo dictadores en cárceles comunes. Eso es un paso adelante que ha dado nuestra democracia. Como también otras cosas, como la ley de medios y la discusión alrededor de ese tema. Y que se haya devuelto el dinero de los jubilados para que lo maneje el Estado, no tiene que haber empresas privadas hacer negocios con el dinero de nuestros abuelos. Pero tenemos que seguir luchando desde las bases, por más democracia. En su libro “En camino al paraíso” cita a Antonio Soto, líder de las huelgas patagónicas, quien dijo que “Si es para pelear, me quedo”. Le hago la referencia porque usted podría vivir cómodamente en Alemania, pero sigue viajando, sigue dando charlas, la sigue peleando. ¿Se referencia en todos esos luchadores? Ha valido la pena la lucha de uno, ayudado por mucha gente también porque estamos logrando cosas. Ya en 22 ciudades argentinas se ha quitado el nombre de ese genocida que fue Roca, reemplazo por otros nombres que han traído realmente el progreso a la Argentina. Hace poco el intendente de Santa Rosa, en La Pampa, me entregó la placa de la calle que antes se llamaba Roca y ahora se llama San Martín. Es un paso adelante que no tengamos más nombres de genocidas. Falta mucho y falta ganar la batalla que venimos dando hace 18 años, para que quiten el monumento en Buenos Aires a Julio Argentino Roca, que es el monumento más grande de Buenos Aires. A San Martín lo pusieron en un lugar apartado en Retiro, sobre un caballito flaco, y este genocida está en un brioso corcel en la Diagonal Sur, mirando directamente a la Casa de Gobierno. Además, ese monumento fue puesto por un gobierno no legal, elegido por el fraude patriótico. Fíjese que término argentino: se hacía fraude por patriotismo. El gobierno de Justo, y como el vicepresidente era hijo de Roca, le hicieron un monumento a su papá. Y nadie ha sido capaz de sacarlo. Cuando fuimos a verlo a Macri nos dijo como respuesta:”en historia, siempre hay que mirar para adelante”. La Historia está para que aprendamos de los errores del pasado, no para mirar para adelante.

No a la mordaza a los trabajadores de prensa

Publicado por CTP / Colectivo de Trabajadores de Prensa El Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP) expresa su enérgico repudio por el acto de censura indirecta que constituye la atribución de responsabilidad civil o penal a los trabajadores de prensa por el prudente y razonable ejercicio de la profesión, como es el caso del periodista Adrián Murano, condenado judicialmente por la reproducción de información de fuentes oficiales en la revista La Primera; en un antecedente que, por su fuerza expansiva, supone una amenaza para el conjunto del gremio. Contra la doctrina más calificada en materia de libertad de expresión, Adrián Murano fue condenado al pago de una reparación económica, en concepto de daños y perjuicios, a la sociedad Estevanez Producciones S.A, a raíz de haber reproducido, en 2002, una lista de personas públicas investigadas por la AFIP, difundida por el propio organismo recaudador y replicada en muchos otros medios. El fallo, resuelto por la magistrada a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 95, Nora C. González de Roselló, espera en forma inminente en el dictado de la sentencia definitiva por parte de la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial. El precedente judicial contra Murano supone un grave riesgo para el libre ejercicio de la profesión periodística y marcha a contramano de una calificada línea doctrinaria y jurisprudencial que exime de responsabilidad a los periodistas, aun en el caso de errores informativos, cuando se acredita que obraron en forma diligente y con razonable prudencia. La autoridad y carácter público de la fuente –la propia AFIP- eximían en este caso al periodista de mayores indagaciones. Es la posición que sentó el juez Carlos Fayt en el célebre precedente “Campillay” (15-5-1986), donde estableció un principio medular: “La calidad de la fuente exoneraba a la prensa de indagar sobre la veracidad de los hechos”. La Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Ramos” (27-12-1996) asumió como propia la doctrina internacional en materia de libertad de expresión y sostuvo: “Las informaciones erróneas son inevitables en un debate libre y este debe ser protegido si la libertad de expresión ha de tener el espacio que necesita para sobrevivir”. Posteriormente, la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado argentino por apartarse de ese criterio en el caso del periodista Eduardo Kimel cuando le ordenó el pago de una reparación económica a un magistrado a raíz de la información contenida en su libro “La Masacre de San Partricio”, publicado en 1989. Tras la condena internacional, la Justicia argentina revocó la condena a Kimel, en 2011. Hoy el caso Murano emula aquel triste derrotero judicial y amenaza con silenciar a la prensa. Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (CTP) ------------------------- LA CARTA: Estimados colegas. Los molesto para ponerlos en conocimiento de una situación judicial personal que, creo, puede resultar una seria amenaza para todo el colectivo de trabajadores de prensa. Resumo los hechos: En 2002 escribí un artículo para la Revista La Primera donde se consignaba un listado de personajes acusados de evasión fiscal por la AFIP. Entre los mencionados por el ente estaba la firma Estevanez Producciones S.A., propiedad del productor televisivo Enrique Estevanez. Lejos de ser una primicia, la misma nómina fue difundida por la agencia Télam y Clarín Digital, entre otros. Tiempo después de la publicación, Estevanez le ganó su pleito a la AFIP y resultó sobreseído. Entonces decidió demandar a la publicación y a mí, como redactor de la nota, por daños y perjuicios. El caso tuvo fallo el año pasado y condenó a Grupo H S.A. –propietaria de la revista- y a mí al pago de 50 mil pesos (ajustables) más costas. Hasta aquí, lo ocurrido. Pero más allá de la angustia y el trastorno que esta situación me produjo durante los últimos diez años, el fallo de la jueza subrogante Nora C. González de Rossello contiene afirmaciones, interpretaciones y omisiones que, considero, sientan un precedente peligroso para el libre ejercicio de nuestra profesión. En principio, la sentencia reconoce que el artículo contiene interés público al referirse a la presunta comisión del delito de evasión fiscal. El fallo reconoce, además, que el texto se basa en una fuente pública y fidedigna (la AFIP). Un dato adicional, que el fallo omite: al momento de publicarse el texto, era imposible conocer la situación del “caso Estevanez”, sencillamente, porque el productor resultó sobreseído bastante tiempo después de la publicación. ¿Cómo explica la magistrada, entonces, su fallo condenatorio? Por cuestiones de forma vinculadas a la “venta” del artículo (títulos, volanta, copete) y a la ausencia de suficientes verbos condicionales en el cuerpo de nota. Expresamente, la jueza considera que haber titulado “La lista de los evasores. La nómina de las empresas y los argentinos que no pagan sus impuestos. La evasión fiscal con nombre y apellido” implicó un “exceso informativo” que da por sentado comportamientos que aún se encontraban en etapa de acusación por parte de la AFIP. La afirmación, claro está, es atendible. El fallo, sin embargo, reconoce que estos “excesos” son responsabilidad del editor –autor de la “venta”- y no del redactor del artículo –o sea, yo-, y procede a condenar a la revista. Pero unos párrafos más adelante, con un curioso giro interpretativo, la magistrada evaluó que en la cabeza del texto incurrí en aseveraciones que justificarían la sanción sobre mí. Dice el fallo: “De ello se desprende que, ciertamente con menor entidad difamatoria que los títulos y los copetes (en negrita en el fallo), la nota redactada por el periodista demandado en su introducción también contenía calificativos y afirmaciones que no guardaban concordancia con su fuente”, y luego reprocha que “no (se) utilizó el tiempo de verbo potencial, amén de que ello también permite inferir una evidente despreocupación por la inexactitud de la información”. En este punto confieso que no debí referir a “la lista de la vergüenza” en el comienzo de la nota y que quizá debí esparcir algunos potenciales. Aunque en el caso específico de Estevanez –el demandante- escribí: “En esta nómina Estevanez Producciones S.A. ostenta una denuncia por ‘evasión tributaria agravada’, con un monto evadido que se estima por encima del millón de pesos. La causa se encuentra radicada en el Juzgado Federal Nº1 de San Isidro”. Es decir, en el caso del productor televisivo –o sea, el demandante- hice específica mención a que se trataba de una denuncia con trámite judicial, sin prejuzgar ni adelantar condena alguna. Se ve que, de todos modos, a la magistrada la aclaración no la conformó. Pero independientemente de las consideraciones profesionales del caso, lo verdaderamente grave del fallo es lo que la jueza resuelve a renglón seguido: “Ambos demandados deberán responder en forma concurrente por los daños inferidos al accionante”. Es decir: empresa y periodista deben responder por igual, como si empleador y empleado tuvieran idéntica responsabilidad editorial, o similar respaldo patrimonial para responder frente a una demanda de este estilo, lamentablemente, tan frecuente en nuestra profesión. Con un dato que agrava el asunto: al momento de la sentencia, La Primera ya no existía como revista y Grupo H S.A. –propiedad del Grupo Uno de Vila-Manzano- se encuentra concursada, hecho que la propia jueza conoce porque así lo consigna en el fallo. En resumen: a pesar de considerar que el texto del autor tiene “menor entidad difamatoria” que los títulos adjudicados al editor, es el redactor –o sea, yo- el único que deberá responder frente al demandante, porque la empresa se encuentra “concursada”. Son varios los puntos del fallo que, considero, podrían configurar una amenaza para el libre ejercicio de nuestra profesión, como el hecho de considerar irrelevante que la información haya provenido de una fuente pública y fidedigna como la AFIP. Sin embargo, es ese último punto el que más me preocupa: condenar a un periodista a responder con su patrimonio, a sabiendas de que la compañía está concursada, implica poner en un mismo plano a empleado y empleador, como si se tratara de socios… Para la desgracia, claro está, porque esa simetría jamás se advierte en otros rubros como la distribución de las ganancias. Es más: en este caso, la empresa ni siquiera puso un abogado a mi disposición, debí conseguirme uno y afrontar –también- ese costo. Demás está decir que la simetría entre empleador y empleado que establece el fallo no califica ni como fantasía. En mi caso personal, sólo cuento con un departamento donde vivo con mi familia. Es público y notorio que Grupo H S.A. –y sus accionistas- poseen un patrimonio mayor, pero en este caso quedan a salvo por la generosa legislación argentina en materia de concursos y quiebras que permite la proliferación de empresarios ricos con empresas pobres. El caso se encuentra apelado en cámara y sería hipócrita si dijera que no me preocupa en términos personales: llevo 25 años sobreviviendo como asalariado en este oficio que me apasiona. Y me angustia la posibilidad de dejar sin techo o condenar a padecer aprietos económicos a quienes más quiero. Me preocupa, a la vez, el efecto que ese fallo pueda tener sobre mi desarrollo profesional: la censura económica puede ser una mordaza eficaz cuándo se ve sufrir a quienes se ama. Seguramente lo pensaré dos veces antes de incluir un nombre propio en mi próxima nota. Con un hijo de once y una beba de seis meses, la valentía personal puede trocar en insensatez. También me preocupa, y mucho, el precedente que esta sentencia puede marcar sobre los colegas que, víctimas de empresarios inescrupulosos y/o aventureros que tanto abundan, se vean obligados a comparecer solos, librados a su suerte, frente a los Tribunales donde, dicen, se impartiría justicia. Con perdón del potencial.

Córdoba juzga su Auschwitz

Comenzaron a declarar algunos de los cientos de testigos del megaproceso que investiga los crímenes ocurridos en el centro clandestino de detención “La Perla”. “Es nuestro Auschwitz” graficó el fiscal Pablo Gonella en las vísperas del inicio del juicio, en diciembre. Son casi media centena los imputados en una causa que se desarrollará durante todo el año; los más conocidos o “tristemente célebres”, Luciano Benjamín Menéndez, Héctor Pedro Vergez y Ernesto “Nabo” Barreiro. Los testigos, más de 400, ya comenzaron a declarar: algunos esperaron este momento durante nada menos que 37 años. En la quincena de audiencias que se han desarrollado hasta la fecha se ventilaron casos de torturas, tormentos, violaciones y asesinatos. También el robo de bebés, como el nieto de Sonia Torres, titular de Abuelas filial Córdoba. “Dígannos dónde están los huesitos de nuestros hijos”, interpeló Torres a los imputados, y dijo que cuando a su nieto “le robaron su identidad, me la robaron a mí también”. Emi D´Ambra, de Familiares, relató cómo se llevaron en una “pinza” a su hijo Carlos, militante del PRT, y se explayó acerca de la vez que –buscándolo- casi la secuestran a ella también. Valiente, lo de los testigos. Como Silvia Di Toffino, hija de Tomás, combativo dirigente de Luz y Fuerza, quien reveló una carta en la que queda asentado cómo se “limpió” a los seguidores del gringo Tosco de la empresa estatal de energía. El señalado, un tal Palazzo, dirigente de la derechista Ucedé y padre del mentor del Cosquín Rock. El proceso judicial que lleva adelante el Tribunal Federal N°1 de Córdoba enseña. Desvela la trama de impunidad de un Tercer Cuerpo tenebroso y omnipotente, que abarcaba por entonces once provincias argentinas. Revive los sueños, las vidas y los proyectos de la generación que enfrentó a la dictadura y lo pagó con su sangre, nada menos. Y no sólo: muestra a los otrora temibles en su hora más decadente; los imputados critican a sus propios defensores, llevan a las audiencias libros apologéticos del genocidio y hasta le hacen “cuernitos” a las cámaras. También se trenzan entre sí. Arrepentimiento, cero; aporte a la verdad, menos. Darían lástima si no fueran tan profundas las huellas de un genocidio que nos dolerá siempre. La Perla era un centro clandestino ubicado en las afueras de Córdoba capital, camino a Carlos Paz. Hoy es un Espacio para la Memoria, en una provincia donde todavía rige el “algo habrán hecho” y que está gobernada por quien “recomendó” a las Madres que “hubiesen cuidado mejor a sus hijos”. “Yo sé que a Carlos no lo voy a encontrar, porque él estuvo detenido en La Perla, lo fusilaron y lo enterraron en una fosa común, que luego fue removida. Pero a Alicia, quizás sí” se esperanza D´Ambra, cinco hijos, dos desaparecidos. La Emi, como se la conoce en Alta Gracia, se toma el colectivo bien temprano cada día de audiencia y se sienta bien adelante, portando –orgullosa- un afiche con la cara de su hijo. “Pobre Carlos, lo dejé todo arrugado” bromea el primer día. De sus vivaces ojos nace una luz de esperanza: esta vez, será justicia.

Chávez vive

Dolor

Indignos

“Yo aprendí hace muchos años que la vida consiste en elegir entre indignos e indignados, y yo estoy siempre con los indignados. Me parece que ha sido indigna esta Suprema Corte, que practica la injusticia, y que además de practicarla, prohíbe la memoria y castiga la dignidad, que es lo más importante que tenemos.” (Del escritor Eduardo Galeano, durante la masiva protesta contra la impunidad de los crímenes de la dictadura, realizada en Montevideo frente a la Suprema Corte de Justicia uruguaya.)