Como no tienen agua, “cosechan” lluvia

Casi 35 grados de térmica y muchos más allí abajo, en el corazón de una cisterna enorme que albergará agua de lluvias. El vecino, uno de tantos, pasa el fratacho, fuerza una sonrisa a la cámara y trata en vano de secarse la transpiración. A metros del río Anisacate, zona turística si las hay, familias que carecen del servicio esencial se organizaron para “cosechar” agua de lluvia y paliar la carencia. No están solos: intervienen la Subsecretaria de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación, la Municipalidad local, la ONG Grupo de Estudio y Trabajo en Ámbitos Locales (GETAL) y el INTA Prohuerta.
Son unas 35 las familias de Villa Río que dan fuerza al emprendimiento. Se organizan en cuadrillas de unas ocho personas, mujeres y hombres peleando por el sueño y el derecho de tener agua, nada menos. “La red llega hasta el barrio la Ribera, llevo toda la vida aquí y nunca tuvimos agua” relata una vecina, mientras supervisa el trabajo bajo un calor más que intenso.



El mecanismo es sencillo: el agua de lluvia cae en los techos, ingresa a unas cañerías, es filtrada y luego acumulada en grandes cisternas construidas cerca de las viviendas. Luego, una bomba la impulsa al tanque doméstico, y allí queda disponible para el uso familiar. Obviamente, no se trata de agua potable, sino de líquido destinado a higiene personal, limpieza doméstica y riego. “Aunque algunos la están tomando” refiere un vecino, que sigue comprando agua potable en Alta Gracia, y completa: “Esto es un paliativo, pero sirvió para unirnos”.
En rigor, el proyecto se denomina “Apoyo a la gestión institucional para el acceso al uso de la tierra y servicios básicos con fines de seguridad y soberanía alimentaria y uso sustentable de los recursos”. Es que no es sólo juntar agua, sino despertar solidaridad, refrescar lazos y fomentar actividades productivas.




Todo a pulmón

Las familias comprometidas con el proyecto realizan un esfuerzo notable; con paciencia y dedicación, dedican sus fines de semana a construir los módulos de manera comunitaria. Erigir cada cisterna en ferrocemento, por caso, lleva unos cinco días: se trata de una estructura de hierro y tejido galvanizado, recubierta de cemento. “Las familias se capacitaron en la construcción de cisternas con la técnica de ferrocemento, y las instituciones aportaron fondos y formación técnica” cuenta el ingeniero Alejandro Benítez, del Pro Huerta. “Los primeros recursos aparecieron a mediados de diciembre, y en la actualidad se puede decir que el 20 % del proyecto esta ejecutado” completa, a la vez que se entusiasma en llegar al objetivo, “instalar una capacidad de acumulación total de 350.000 litros”.
La loable iniciativa desnuda la falta de infraestructura en la zona. En Villa Río no tienen posibilidades de conexión a la red de agua ni pozos, o están secos los que había. El proceso comenzó a gestarse un año atrás, y tiene su mayor fortaleza en la unión y la solidaridad de los vecinos. Es destacable también la articulación interinstitucional: el ente nacional aporta unos 200 mil pesos, el INTA asesoramiento técnico y la flamante Municipalidad de Anisacate, áridos y mano de obra.
Alejandro Caminos, presidente de GETAL, destaca que “desde lo que en su momento era la comuna y GETAL venimos impulsando este proyecto desde hace cuatro años” y refiere que “si no hubiera existido ese proceso, hoy este proyecto no sería posible”.
Habrá que aprender, entonces. La unión hace la fuerza y la fuerza lo hace posible. Sin dejar de exigir lo que les corresponde por derecho, estos vecinos meten mano para transformar su propia realidad.

La tragedia de Once exige respuestas de los funcionarios

En los últimos días hemos asistido a insólitos monólogos de funcionarios públicos sobre el choque ferroviario ocurrido en Once.
Los cuestionables argumentos esgrimidos por el Ministerio de Planificación y la frivolidad de la retórica expresada por quien ha sido el vocero gubernamental ante esta crisis, el secretario de Transporte, resultan ofensivos para la necesidad de información de los argentinos y, sobre todo, de los familiares de las víctimas.
Creemos que las autoridades nacionales tienen mucho por explicar acerca de las pésimas condiciones en que se brinda el servicio de transporte en la Argentina, en especial, el que usan los sectores más humildes, y que han derivado en la espantosa cifra de 51 muertos.
No es tiempo de conclusiones apresuradas ni distractivas. Precisamente por ello, en nuestro rol de periodistas y docentes de comunicación, demandamos entrevistas y conferencias de prensa de la Presidenta y los ministros en áreas involucradas con la tragedia de Once, y acceso a la información sobre los prestadores, subsidios, controles y sanciones que atañen al sistema ferroviario.

Adhesiones a palabra54@gmail.com

Claudio de Luca - Rosario
Claudio Gastaldi - Concordia
Sebastián Lacunza - Buenos Aires
Adrián Camerano - Córdoba
Carlos Liascovich - Buenos Aires
Damián Autorino - Buenos Aires
Jorge Hirschbrand - Mendoza
Cristian Ortega - Mendoza
Miguel Graziano - La Plata
Juan Pablo Mansilla - Buenos Aires
Rodolfo Piraccini - Pergamino
Alejandro Bercovich - Buenos Aires
Marcela Ojeda - Buenos Aires
Christian Delicia - Buenos Aires
Pablo Rossi - Buenos Aires
Mariano Martín - Buenos Aires
Dante Rofi - Buenos Aires
Alejandra Díaz - Río Negro
Doris Elsa Bustamante - Buenos Aires
Gabriela Belletini - La Plata
Sergio Finzi - Calamuchita (Córdoba)
Eduardo Vilte - Salta
Natalia Pereyra - Rosario
Ramiro Santillan

Interferencia de la radio comunitaria “El Algarrobo”, en Andalagalá

La Radio Comunitaria FM 105.3Mhz “El Algarrobo” está interferida desde el día jueves 9 de febrero de 2012. Emisora que cumple un rol fundamental en la comunicación de los pueblos de la zona ante la militarización, persecuciones, secuestros y golpizas que viven los vecinos y las vecinas por parte de la empresa megaminera “La Alumbrera” y la fuerza de seguridad provincial.
Durante los últimos dos meses los pueblos de las provincias cordilleranas de Catamarca, La Rioja y Tucumán han decidido levantarse para hacerse oír públicamente en contra de la política megaminera extractiva y destructiva de nuestros bienes comunes.
La resistencia de cientos de vecinos y vecinas de Famatina, Belén, Tinogasta, Chilecito, Fuerte Quemado y Amaicha del Valle, se ha expresado en las calles y a través de diferentes medios comunitarios. En cada actividad de resistencia a la megaminería han logrado estar en contacto y hacerse escuchar a través de esta herramienta de comunicación popular, salvaguardando a los vecinos a través de la difusión pública de las persecuciones y golpizas recibidas.
En el caso particular de la radio comunitaria El Algarrobo, nace en el 2009 en Andalgalá, Catamarca, en un contexto de resistencia contra la megaminera “La Alumbrera”, la cual viene explotando los cerros y contaminando el agua desde 1995.
Desde entonces, las vecinas y los vecinos organizados en torno a este medio de comunicación comunitario trabajan todo el año para sostener la grilla de programación y hacer crecer la radio. Así, radio El Algarrobo se fue convirtiendo en un espacio de acceso y participación ciudadana tanto como en un medio plural y democrático.
No obstante, las amenazas a la Radio por parte de la empresa megaminera son constantes. Amenazas de violencia física contra los radialistas, exigencias de cortes de transmisión y persecuciones a los periodistas y vecinos se han evidenciado en esta última semana de cortes y manifestación de la población.
La violencia física y simbólica llegó a su techo con el silencio.
El 9 de febrero a las 21hs, mientras se transmitía el conflicto en Tinogasta, fue interferida la transmisión de aire de la radio impidiendo la comunicación entre los pueblos, censurando la posición de las y los vecinos en contra de la megaminería y violando el derecho fundamental a expresarse y comunicar.
Pese a la presión y reclamos del pueblo, pese a la relativa facilidad con que se podría rastrear la emisión de interferencia, la radio continúa interferida.
Denunciamos y exigimos el inmediato cese de la interferencia de la Radio Comunitaria El Algarrobo por parte de la Megaminera.
Las Organizaciones de Medios comunitarios, populares y alternativos denunciamos la violación de los derechos de libertad de expresión, el acceso a la información, y la participación de los medios de comunicación que acompañamos a un pueblo que se niega al silencio de los cementerios, porque también somos parte de esos pueblos que luchan por sus derechos y sus vidas.
Nos negamos al silencio. Basta de interferencia.
Ninguna radio comunitaria, alternativa y popular silenciada por dar información y participación.

Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina - AMARC

Red Nacional de Medios Alternativos - RNMA

Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular – CoorDeCCAP

¿Dónde está Luciano Arruga?

Advertencia de la ONU

Por Darío Aranda

Desmontes, agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Desalojos, violencia y vulneración de derechos indígenas. Son parte de las críticas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) realizó al Estado argentino en su último informe, donde además hizo especial hincapié en el incumplimiento de la legislación que protege a los pueblos originarios y sus territorios. “El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU.
“El aumento de los desmontes ha forzado a los pueblos indígenas a dejar sus territorios (...). El comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, sostiene el informe y explicita que el modelo agropecuario atenta contra la agricultura indígena. “Es un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible.”
El Comité DESC es el órgano de expertos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Evalúa los informes presentados y comunica recomendaciones para que los estados cumplan el Pacto Internacional. Con el título “Observaciones finales”, el documento de ocho carillas fue presentado el 2 de diciembre en Suiza.
“El comité está preocupado por los casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en la defensa de los DESC, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, denuncia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) presentaron en noviembre, junto a una decena de organizaciones, un relevamiento de la situación al Comité. Es muy contundente la clara vinculación que establece entre industrias extractivas y la violencia hacia comunidades”, resaltó Diego Morales, director del área de Derechos Sociales del CELS. “Es importante que Naciones Unidas se haga eco de lo que enfrentan indígenas en Argentina y también hay que destacar que llama a que el Estado tome medidas para revertir la vulneración de derechos”, subrayó.
El Comité de la ONU denunció que en Argentina se registra la “violación de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT”. Explicitó su “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral) no se aplica “plenamente”. “El Comité insta al Estado a que garantice la aplicación plena y coordinada de la ley.”
Por fuera de la situación rural, el informe rescató como hechos positivos la sanción de las leyes nacionales de Migración, de Educación Nacional, de Glaciares, de Salud Mental y de Matrimonio Igualitario.
“El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advierte en el punto IX. En el lugar viven y trabajan 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas mineras.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), evaluó que el Comité DESC “saca a la luz lo que los pueblos indígenas venimos advirtiendo desde hace décadas, las consecuencias irreparables que genera una matriz económica basada en la explotación sin control de la naturaleza”. Nahuel afirmó que “hay declarados enemigos” de los derechos culturales y territoriales indígenas: “Los gobernadores de San Juan, Formosa, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Salta y Santiago del Estero, por citar algunos, son portavoces de las empresas que avasallan nuestros territorios. Debemos avanzar en frentes comunes para la defensa de la madre naturaleza y de nuestra vida”.
Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dio la bienvenida al informe DESC pero explicó que la ONU “luego de más de 50 años hablando en códigos mercantiles empieza a aceptar lo que los movimientos le venimos marcando, que si se quiere luchar contra el hambre hay que fortalecer la agricultura campesina, y que la agricultura industrial y el extractivismo no sirven porque, además del aspecto ambiental, jamás serán inclusivas porque su naturaleza es de acumulación y concentración”.
El MNCI mantiene diálogo con sectores críticos al Gobierno y, luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, compartió opiniones con espacios oficialistas (Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Frente Transversal, La Cámpora). El lunes pasado emitió un comunicado en línea con el informe DESC, en el que cuestionó que el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos siga cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular”.

Publicado hoy en Página 12

La pauta de cómo se manejará la pauta

La desregulación de la publicidad oficial tuvo un lugar privilegiado en los primeros pasos del flamante gobierno municipal de Alta Gracia. Los representantes del intendente justicialista Walter Saieg en el deliberativo local derogaron a fines de diciembre la ordenanza N°7647, que desde 2006 regulaba –más en el papel que en la práctica- el otorgamiento de pauta a los medios de comunicación en sus diferentes soportes.
Mejorable, como todas, la norma nunca fue aceptada por el ex jefe comunal Mario Bonfigli (UCR), y en todos estos años su implementación encontró más escollos que oportunidades. Puede señalarse como dificultad la escasa repercusión del tema en el habitante de a pie -pese a que incide sobre el derecho humano a la información y a la comunicación-, la oposición prácticamente natural de quienes tienen a cargo la gestión de los recursos, y aún la resistencia de emprendedores del sector, ante una ordenanza que, entre otros aspectos, obligaba a registrar empleados informales.
Los ediles oficialistas desregularon lo que nunca estuvo de verdad regulado, y con vidriosos “argumentos” apenas blanquearon una situación gris, que estaba pendiente de resolución. Claro que debía resolverse, aunque de otra manera: no existen atenuantes para una decisión que va a contramano de derechos fundamentales y de los avances que en la materia se han venido registrando en todo el país. En minutos, la ciudad pasó de ser citada en la materia, a borrar de un plumazo una norma señera y necesaria de réplica en los ámbitos de la provincia y la nación, complemento reclamado de la celebrada Ley de Medios Audiovisuales.
A esta altura de los acontecimientos no tiene demasiado sentido explicar que en 2006 el justicialismo apoyó la ordenanza que ahora deroga, y que la UCR que ahora la defiende nunca la implementó, siendo gobierno. Sí es menester reiterar la preocupante falta de debate y de argumentación. Por caso, cabe citar al edil Iván Poletta (UPC), para quien era necesario dar de baja la norma porque “los medios deben ser libres más allá de la entrega o no de publicidad oficial” (sic) (1).
Introducida a último momento en el orden del día, la derogación de la primera norma de regulación de publicidad oficial a nivel país puede marcar la pauta de cómo manejará la pauta una administración comunal amiga de los golpes de efecto y gobernante con encuestas en mano. Mientras otras ciudades de la provincia discuten por estos días normas similares, Alta Gracia retrocedió en el tiempo y dejó abierta una puerta a la vieja práctica de la discrecionalidad y los premios y castigos.

(1) Dichos atribuidos a Iván Poletta (UPC), en www.radiotortuga.com

El Famatina no se toca

El lunes 2/01, los vecinos de toda la provincia iniciamos el corte en Alto Carrizal (Famatina) para cuidar al Famatina y demostrar una vez mas que NO hay licencia social para la explotación megaminera del cerro. Ese mismo día, el Sr. Celarayan fue a denunciar el corte en la policía de Famatina argumentando que al día siguiente (Martes), el tiene que subir junto a algunos trabajadores y debe pasar si o si por el lugar del corte.

HOY
Hoy Martes por la mañana se hizó presente la policía de Chilecito, encabezada por el comisario y también la Infanteria enel lugar del corte. En estos momentos hay muchas personas y se están tomando las decisiones en asamblea, convencidos de que el corte cuenta con toda la legalidad que nos brinda la defensa del cerro.
Solicitamos a los demás vecinos que vayamos a APOYAR EL CORTE, cada uno de nosotros es necesario en este momento.
Estemos atentos a los comunicados que surjan de los compañeros movilizados. Beder Herrera anunció que liberaría el acceso al asentamiento minero.
Que este principio de año no nos encuentre mirando para otro lado. No digamos que tal o cual cosa podríamos haber hecho. Difundir y alertar es la prioridad en este momento, Todas las comunidades que resisten contra los proyectos mega mineros se hallan en estado de alerta. Algunos gobernantes confunden los votos electorales con la licencia social para dinamitar cerros y destruir acuíferos.
El pueblo del Famatina está empeñado en resistir protestando con su cuerpo en el medio de la ruta.
En estos momentos se viven momentos de tension en el corte realizado por los vecinos/as de La Rioja , un grupo de cuarenta jovenes junto al empresario local Celarayan se encuentran en el lugar vestidos con ropa de "trabajadores mineros" lo que llamo la atención es que portaban palas,machetes. Al no permitirle pasar por el camino los pro mineros trataron de hacerlo por una finca del señor Perez Mendez quien tambien le dio la negativa, ahora se encuentra tratando de hacerlo por el cause de un rio.

Tenemos que estar ahí, si somos muchos no podrán pasar!!!!

¿COMO LLEGAR AL CORTE?
Se pueden tomar el cole de Ivanlor a las 12:00 hs y 21:30 hs y tienen para volver a las 15:30 hs y a las 6:30, sale desde la Terminal y pasa por la avenida Pelagio B. Luna (se puede tomarlo en cualquier esquina). Los deja a solo tes cuadras del corte. (Preguntar por casa de Perez Mendez, estamos al frente)

Traer agua y hielo!!
Necesitamos Fortalecerlo para que en estos 16 días echemos definitivamente a las mineras de La Rioja, por favor difundir y los esperamos a todos en el corte.
El lugar elegido: bajo un algarrobo, al lado de un canal y el Famatina de fondo.
El sonido del agua nos acompaña todo el tiempo... buena señal para esta lucha!!!

Contactos desde el lugar del corte:
3825- 15-512574
3825- 15-406598

El Famatina No se Toca
Si a la vida, no a la Mina a cielo abierto.

Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas